En menos de dos semanas, el ambicioso proyecto de reforma laboral se tratará en el recinto del Senado y el clima político en Argentina se ha vuelto a tensar entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. En este escenario, la Casa Rosada se enfrenta ahora a la resistencia de sus aliados más cercanos: los gobernadores del Norte Grande.
El epicentro de esta nueva disputa se trasladó a la Casa de Salta en Buenos Aires, donde el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una reunión clave. Allí, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo, plantearon que el apoyo a la ley no será un cheque en blanco si esto implica desfinanciar sus arcas.
El nudo del conflicto radica en el capítulo fiscal de la reforma. El Gobierno nacional busca reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades y alquileres, una medida que, según el oficialismo, fomentará la inversión. No obstante, para las provincias, esta decisión representa un golpe directo al corazón de sus ingresos, ya que Ganancias es un tributo coparticipable.
El mandatario tucumano se posicionó como una de las voces más contundentes del encuentro. Si bien reafirmó su perfil colaboracionista y su voluntad de garantizar la gobernabilidad, fue tajante al marcar los límites. Fuentes cercanas al mandatario local remarcaron que la provincia no puede permitirse una nueva caída en sus recursos automáticos en un contexto de recesión y baja del consumo.
Durante la reunión, Jaldo expuso con crudeza la realidad financiera de Tucumán. El gobernador tucumano advirtió que la recaudación por IVA ya viene en declive debido al estancamiento del consumo interno. Ante este escenario, una reducción adicional en la alícuota de Ganancias dejaría a la provincia sin margen de maniobra para sostener servicios esenciales.
“Nuestra voluntad es seguir ayudando a la Nación, pero el Gobierno nacional también tiene que empezar a cumplir con las provincias”, sentenció Jaldo al salir del encuentro. Para el mandatario, la “modernización laboral” es necesaria, pero no puede ejecutarse a costa del equilibrio fiscal de los estados subnacionales, que ya enfrentan problemas económicos severos.
La estrategia de Jaldo y sus pares es clara: exigen una compensación inmediata. Entre las alternativas propuestas, figura la posibilidad de coparticipar otros tributos, como el Impuesto al Cheque. Esta herramienta, según los gobernadores dialoguistas, serviría para equilibrar la balanza ante la pérdida que el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf) estima en un 0, 22% del PBI para el año 2026.
En el entorno de Santilli la respuesta hasta ahora ha sido la de pedir paciencia. De momento, en la administración libertaria sostienen que los gobernadores “están haciendo las cuentas mal” y que el crecimiento económico previsto para 2027 compensará la pérdida inicial.
Santilli dijo luego de la reunión que el encuentro con los gobernadores fue positivo y que trabajan “en conjunto” con los jefes provinciales y el ministro de Economía, Luis Caputo, ante el reclamo de las provincias por Ganancias.
El ministro del Interior dijo: “Trabajamos sobre las cuentas fiscales de cada provincia, entendiendo que los argentinos queremos que haya baja de impuestos, como lo está llevando adelante el presidente Javier Milei”.
La debilidad relativa de los gobernadores tras el triunfo libertario en las legislativas de 2025 no ha impedido que hagan valer su peso en el Congreso. Los senadores que responden a Jaldo, Sáenz y Jalil son piezas fundamentales para que el oficialismo logre el quórum y la aprobación de la reforma laboral en las extraordinarias de febrero.
En la mesa de negociaciones Sáenz comparó la situación con una mesa que debe tener “cuatro patas”: empleados, sindicatos, trabajadores y provincias. Si falta una, el sistema colapsa. Jaldo adhirió a esta visión, insistiendo en que la “mesa servida” de la reforma laboral no puede dejar a las provincias con el plato vacío.
El impacto fiscal no es menor. Solo en el caso de Salta, se estiman pérdidas por $80.000 millones para el próximo año, una cifra proporcionalmente similar a la que proyectan los técnicos tucumanos.
Emergencia por decreto
La Mesa Política del Gobierno se reunió ayer ante el pedido explícito de los gobernadores patagónicos como eje de debate central, respecto de incorporar la emergencia ígnea en el temario y, por el momento, acordaron la declaración a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En la misma, se realizarán cambios presupuestarios e incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.
Del encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni trascendió que se giradon un total de $4.000 millones a la provincia de Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A su vez, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.